Devolver la justicia

Compromiso de Roger Mira

Tolerancia cero
con la corrupción

Aitana Mas

6 ideas básicas

Tolerancia cero con la corrupción para devolver la dignidad a la democracia.

Las tramas corruptas tendrán la catalogación penal de “crimen organizado”.

Inhabilitación para cargos públicos para los condenados por corrupción y incapacitación permanente para poder volver a presentarse a las elecciones.

El corrupto tendrá que devolver el dinero que ha robado a los ciudadanos.

Los delitos por corrupción no prescribirán.

Ley de transparencia total para que el ciudadano tenga el derecho de acceso a toda la información pública.

La corrupción: un ataque a la solidaridad

Los delitos de corrupción son especialmente graves porque afectan no sólo a la economía pública, sino también a la confianza de los ciudadanos con la democracia.

La corrupción desde el gobierno viola la dignidad y la solidaridad que tienen que guiar a los poderes públicos.

Un gobierno salpicado de casos de corrupción rompe el principal pacto con la ciudadanía para el ejercicio del poder.

El robo a la hacienda publica es un robo a toda la ciudadanía. El corrupto ha entrado en nuestra casa común para robarnos a todos.

Tolerancia cero con la corrupción

Las tramas corruptas tendrán la catalogación penal de “crimen organizado”, ya que actúan como una asociación conjunta y coordinada con finalidades delictivas

Por el grave atentado que supone contra la solidaridad, los condenados por corrupción no sólo estarán inhabilitados para cargos públicos, sino que también tendrán una incapacitación permanente para poder volver a presentarse a las elecciones.

Reformar la inmunidad parlamentaria para que no sea un blindaje contra la acción de la justicia.

Pacto Anticorrupción limitando las asignaciones económicas y los privilegios de los cargos públicos.

Código ético de obligado cumplimiento para el cargo público

El código ético para ejercer un cargo público será de obligado cumplimento. Recogerá los valores que tienen que informar la ética en la actividad pública (interés general, equidad, legalidad, austeridad, transparencia, participación, servicio a las ciudadanas y ciudadanos, etc.). El cargo público tendrá que firmar este compromiso de respetar estos valores en el ejercicio cotidiano de su actividad.

Corrupción y despilfarro de dinero público

El aeropuerto de Castellón fue una apuesta personal de Fabra en contra de todo sentido común, para inflar la burbuja de la ampliación de Marina d'Or y Mundo Ilusión, proyectos que se han ido al traste. Ahora nos queda un aeropuerto sin aviones.

Salidas en directo

(LECN) Castellon De La Plana

No flights were found departing from Castellon De La Plana at the specified time period.

Rodrigo Rato (ex-ministro de economía del PP) y José Luis Olivas (ex-presidente de la Generalitat del PP) cobran alrededor de 10 millones de euros al año como consejeros de Bankia, entidad rescatada con fondos públicos.

El aeropuerto de Ciudad Real (75.000 habitantes), promovido por el PSOE, se construyó con la pista de aterrizaje más larga de Europa que permitía el aterrizaje del avión comercial más grande del mundo. El dinero salió de Caja Castilla-La Mancha, otra entidad rescatada con fondos públicos. Acaba de cerrar por falta de pasajeros y ahora se convertirá en un aeródromo privado pagado con nuestros impuestos.

El AVE Albacete-Cuenca promovido por el PSOE se construyó en base a un informe de viabilidad que preveía más de 1.000 pasajeros al día. La realidad es que la linea se ha habido de cerrar porque no llevaba ni 5.

La corrupción va estrechamente ligada al despilfarro de recursos públicos. Hemos visto estos años actuaciones que han supuesto una dilapidación de recursos públicos que han instaurado un régimen de cleptocracia.

Ha habido una connivencia entre determinados poderes públicos y económicos para llevar adelante con dinero de todos proyectos sin sentido que sólo respondían al capricho o electoralismo de unos políticos inmorales.

Asimismo, hemos visto cómo se han saqueado las cajas valencianas (la CAM y Bancaja) para hacer negocio con la especulación del ladrillo y hemos visto cómo los responsables no sólo tenían que pagar por eso, sino que recibían compensaciones millonarias.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos para los irresponsables que han ordenado y ejecutado estos proyectos en el momento que se demuestre que ha habido premeditación.

Transparencia: el mejor antídoto contra la corrupción

Uno de los pilares de los sistemas democráticos son los sistemas de control mutuo entre los poderes del Estado, que tratan de salvaguardar la democracia.

Para un correcto y democrático funcionamiento del Estat es necesario que cualquier ciudadana o ciudadano que desee auditar la función pública pueda acceder sin restricciones a toda la información que se encuentra en poder de las administraciones. Es un derecho básico para luchar contra la corrupción y contra la incompetencia de las autoridades, y ya está reconocido constitucionalmente en 34 países (en Suecia desde 1776).

Hasta ahora en España predomina la cultura del secretismo y el apagón informativo.

Todas las personas tienen derecho a acceder y consultar los archivos y registros administrativos de las administraciones, entidades públicas o que realicen funciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos.

Las entidades públicas o que realicen funciones públicas tendrán que ponerse a disposición del público la información básica y esencial en su poder tan pronto como les sea posible y sin que sea necesario solicitarla.

La ley regulará el procedimiento de solicitud de información, que tendrá de ser sencillo, rápido y gratuito, y de recurso de la denegación de acceso, que en todo caso tendrá que estar debidamente motivada.

Devolver la justicia

Los condenados por corrupción tendrán que devolver el dinero que hayan robado a la ciudadanía.

Estableceremos la responsabilidad personal en casos de malversación de fondo público. El político que haya ordenado un proyecto que ha supuesto una ruina sin compensación para las arcas públicas tendrá que rendir cuentas frente a la justicia.

Igualmente, los responsables de velar por el correcto funcionamiento del sistema bancario tendrán que responder por la dejadez en las funciones o por la connivencia con la cleptocracia.

Los ciudadanos podrán denunciar y llevar a los tribunales las acciones de la administración pública en las que haya sospechas fundadas de despilfarro.

La ocultación de datos será sancionada penalmente.