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Las condiciones para mantener o acceder a la vivienda tienen que ser justas.
Las personas son el centro, no los mercados. Hay que acabar con los abusos de las entidades financieras. Es el momento de “rescatar a las personas”.
Las entidades financieras han rebecido ayudas millonarias para salir de la crisis. Los ciudadanos merecen el mismo trato.
El monocultivo del ladrillo nos ha llevado a una situación insostenible. Hay que cortar de raíz la especulación con los bienes básicos.
La solidaridad es un instrumento para avanzar. Una sociedad solidaria es una sociedad de progreso.
La administración pública tiene que apoyar a los desfavorecidos, tiene que repartir la riqueza, tiene que ser solidaria.
En esta legislatura se ha hecho frente a la gravedad de la crisis financiera mientras no se hacía el mismo esfuerzo con la gravedad de la crisis social.
Las familias que se han quedado sin vivienda habitual por no poder hacer frente al crédito hipotecario han dado lugar a una nueva causa de exclusión social que en el País Valenciano se ha notado todavía con más virulencia.
A pesar del dinero público invertido en las entidaes financieras, no se han parado las ejecuciones hipotecarias, aplicadas a ciudadanos y ciudadanas que, con sus impuestos, habían contribuido a los fondos de rescate de la banca.
No hay leyes que los jueces puedan aplicar para parar los desahucio y PP y PSOE se han opuesto a cambiar la regulación.
Asimismo, PP y PSOE han obstaculizado las soluciones que desde la sociedad civil se les han propuesto para acabar con esta situación.
EXPLIQUÉMOSLO CON CIFRAS
Los 90.000 millones de euros de dinero público que se han invertido en las entidades financieras representan:
El País Valenciano es el territorio del estado con mayor número absoluto y relativo de desahucios.
Veámoslo en un mapa.
Datos correspondientes al segundo trimestre de 2011 según el Consejo General del Poder Judicial
En el 2º trimestre de 2011 el 23,85% de desahucios -casi 1 de cada 5- los padecieros valencianos y valencianas. Es más del doble del porcentaje que representa la población valenciana respecto al total estatal [10,84%].
La burbuja inmobiliaria nos ha dejado unos sueldos estancados y un patrimonio inmobiliario que vale menos que las deudas que se contrajeron con las entidades financieras.
La imposibilidad de muchas familias de hacer frente a la deuda hipotecaria está siendo una de las nuevas causas de exclusión social.
La ejecución inmobiliaria: un negocio tan lucrativo como inmoral
Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Las tasaciones hechas para los inmuebles durante la época de la burbuja inmobiliaria estaban sobrevalorades y fuera de la realidad.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, en España, el préstamo grava a la persona y no a la propiedad.
El ejecutado está abocado no sólo a la exclusión social, sino también a la exclusión financiera, ya que la impunidad con que las entidades financieras incluyen a los clientes deudores a ficheros de morosos, les imposibilita en la práctica la recuperación de su propia vida civil i económica.
Mientras las entidades financieras reciben ayudas millonarias para hacer frente a la crisis, con dinero que salen de los impuestos que pagamos entre todos, la gravedad de la crisis no se le aplica a la ciudadanía.
Establecimiento de reglas claras, que permitan dotar de seguridad jurídica la actividad crediticia para evitar abusos por parte de las entidades financieras y el sobreendeudamiento familiar.
La vivienda personal o familiar habitual que esté hipotecada podrá darse como pago al titular de la hipoteca.
La dación unilateral en pago transmitirá la plena propiedad de la vivienda y extinguirá la totalidad de la deuda.
Armonización con las legislaciones de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Alemania o los países anglosajones.
Algunas propuestas más de nuestro programa en materia de vivienda
